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Pedidos por el referente wichi Agustín Santillán

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratifica la obligación del Estado de liberar a Milagro Sala y advierte que “la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena”; la justicia de Formosa, provincia gobernada por Gildo Insfrán, mantiene detenido en similares condiciones al referente wichí, Agustín Santillán, desde hace tres meses y medio. Amnistía Internacional advirtió al gobierno formoseño en mayo pasado y más de 20 organismos indígenas y de derechos humanos se pronunciaron contra la detención. Esta semana, Santillán fue trasladado sin aviso a la alcaldía de la capital provincial, luego de que denunciara amenazas de muerte. 

El sábado pasado, el medio La Retaguardia a través del cual se difundieron varias cartas del referente wichí desde que está preso, informó que un grupo de policías provinciales ingresó a la alcaldía de Las Lomitas, donde estaba detenido Santillán, para realizar una requisa inesperada y al finalizarla le dejaron un mensaje:  “Cuidate y hablá con tu gente porque los del gobierno te quieren matar”. 

Dos días después, la familia de Santillán se enteró por rumores de que él había sido trasladado a la alcaldía de la capital provincial, sin respetar los pasos legales ni dar aviso previo. Las autoridades provinciales, según relataron los allegados al referente wichí, argumentaron que se trataba de una medida de protección. 

El referente detenido de manera preventiva desde el 14 de abril a partir de varias causas que se le abrieron de manera simultánea, en un caso similar a la líder de la Tupac Amaru, ya había estado detenido en la capital formoseña y durante aquella estadía había escrito: “Tengo miedo. No es seguro estar en medio de delincuentes y asesinos”. La Cámara de Apelaciones tiene que definir el pedido de excarcelación por una de las causas abiertas contra el referente wichí, si resuelve a favor podría recuperar su libertad. 

Santillán fue acusado en abril por el juez Marcelo López Picabea de participar en una serie de saqueos posteriores a las inundaciones que azotaron el oeste de Formosa. El mismo juez emitió órdenes de detención para 30 hombres y mujeres wichí, muchos cercanos a Santillán, y le abrió al referente unas 20 causas por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.

En mayo, Amnistía Internacional había exigido al gobernador Insfrán que “se abstenga de emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo con las comunidades indígenas” y advirtió: “La experiencia nos demuestra que el uso de causas por delitos como corte de ruta, resistencia a la autoridad o usurpación es utilizado como estrategia de intimidación y silenciamiento”.

También expresaron su repudio a la “privación de la libertad de Agustín Santillán” y la “creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país” la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones. 

Fuente pagina 12

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